Diego Manuel Vidal

Todo cierra. La accidentada sesión del 11 de julio en el Senado brasileño, en la cual se aprobó la reforma que arrasó con los derechos laborales, tuvo su correlato un día después con la condena a 9 años y medio de prisión por corrupción pasiva y lavado de dinero que el juez Sergio Moro impuso contra Lula da Silva.

Si bien esta sentencia no lo inhabilita, aún, para presentarse como candidato en las próximas elecciones (donde todas las encuestas lo dan como favorito), el expresidente se ha convertido en el principal objetivo del verdadero poder en Brasil, que busca evitar su retorno al Palacio del Planalto.

Sin pruebas concretas y sólo con la delación premiada de uno de los empresarios constructores, detenido por la causa conocida como 'Lava Jato', Moro decidió aplicar la punición contra Lula en un proceso altamente cuestionado y con visos de enemistad manifiesta del magistrado hacia el acusado.

No sólo negó el derecho a que se grabara cuando Da Silva declaró en el proceso; también rechazó una serie de pruebas que demostrarían la falsedad de la imputación por haber recibido un departamento como parte de un soborno de la empresa OAS, involucrada en la investigación por contratos fraudulentos con Petrobras.

Jamás esa propiedad estuvo a nombre Lula, su fallecida mujer o cualquier integrante de su familia, sino que además todo el edificio está intervenido por la Caja Económica Federal, que reclama deudas de la constructora, por lo cual nunca podría cederse el dominio del inmueble.

Golpe a golpe

Es evidente que el golpe de Estado que derrocó a Dilma Rousseff con acusaciones falsas y colocó a Michel Temer en el poder se resquebraja por la grave crisis económica que atraviesa Brasil desde hace más de un año y se profundiza con cada medida tomada por su Gobierno.

La actividad comercial decrece, caen las exportaciones y la desocupación alcanza a más de 14 millones de personas con un 13% de desempleo, cifra que duplica a las registradas durante las administraciones del Partido de los Trabajadores (PT).

Quienes colocaron a Temer en la cabeza del poder público (llámense Bancos, federaciones empresariales y grupos de medios monopólicos como O Globo) buscan salvar la asonada contra Dilma con otra movida similar para sacar a un Temer cada vez más devaluado, cuya popularidad no trasciende más allá de los muros de su hogar y que llevó al 'gigante Sudamericano' al borde del desastre financiero.

Es claro que la flexibilización laboral aprobada en el Congreso, junto con el reintento de avanzar en la mudanza de las leyes previsionales al gusto del FMI y del establishment, conforman un paquete altamente impopular que ningún gobernante surgido de elecciones libres se atrevería a impulsar sin un vasto respaldo político, mediático y el consenso de los poderosos, sin arriesgarse a perder cualquier compulsa electoral posterior.

Es por eso que para Temer es el momento perfecto para negociar con el poder real de Brasil su salida de la Presidencia, a cambio de impunidad y sin un rasguño en su abultado patrimonio monetario. De hecho, las señales son cada vez más claras de que ese es el proyecto actual, cuando los editoriales casi diarias de O Globo, Folha y Veja le dedican al mandatario para pedirle, casi exigirle, su apartamiento y los mensajes del exjefe de Estado Fernando Henrique Cardoso, del Partido de la Socialdemocracia Brasileña (PSDB, también salpicado por el 'lavajato' y otras corrupciones) para que deje el cargo y convoque a comicios directos.

Una sobreactuación de republicanismo, toda vez que ya está señalado el sucesor inmediato: Rodrigo Maia, que preside la Cámara de Diputados y pertenece al Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), el mismo de Temer. Un legislador de bajo perfil, hasta ahora, y poco lucimiento en su carrera, pero que además tiene un pequeño problemita: está signado en las listas de sobornados presentadas a la Justicia por los ejecutivos de Odebrecht.

Operación de pinzas

Como en algunas estrategias bélicas, los responsables de la debacle brasileña y atropellos contra el sistema democrático buscan con la detención o simple inhabilitación de Lula cerrar las pinzas sobre la voluntad del pueblo, que contempla atónito cómo las cúpulas oligárquicas destrozan a diario la evolución de un país, hunden su economía y precarizan derechos básicos, junto con los avances sociales conseguidos desde el 1° de enero del 2002 hasta el ilegal apartamiento de Dilma el 31 de agosto del año pasado.

De lograr cancelar la posibilidad del regreso del obrero metalúrgico y líder del PT a la Presidencia, suponen que la estabilidad volverá a la patria de Jorge Amado y a la región. Porque en toda esta situación de volatilidad política hay un actor que no por silencioso está ausente: la Organización de Estados Americanos.

Es que resulta llamativo el mutismo de su secretario general, el uruguayo Luis Almagro, siempre presto a condenar cualquier hecho violento o medida tomada por el chavismo en Venezuela y muy lento, pasivo en verdad, ante las salvajes represiones de protestas en tierras cariocas.

Y callado ante las irregularidades institucionales en Brasil, desde la destitución de la presidenta electa por 54,5 millones de votos hasta las maniobras espurias por aprobar leyes antisociales, pasando por las indisimuladas presiones para acelerar el reemplazo del Fiscal de la República, Rodrigo Janot, quien instruyó la acusación por corrupto a Michel Temer, o procesos judiciales como el que busca apartar a Lula de la contienda electoral de la que puede resultar vencedor y así patear el tablero regional que viene registrando graves retrocesos en los últimos dos años, de la mano de Gobiernos neoliberales.

Ha sonado la alarma en la sociedad. En estos instantes, por las calles y barriadas brasileñas comienza a sentirse un murmullo de indignación, que muy pronto puede transformarse en gritos y acciones.

Los poderosos juegan con fuego donde la conciencia puede encenderse cuando las mesas familiares noten la falta y las marginaciones regresen como antes de que cada brasileño aprendiera que puede ser un ciudadano.

Entonces ya no serán cacerolas de clase media que batan en las avenidas, habrá un sonido más profundo que trocará la clásica algarabía del carnaval por algo más contundente.

Lula habla tras el fallo: "Quieren eliminarme del juego político"

El ex mandatario brasilero rechazó la sentencia en primera instancia del juez Sergio Moro, que lo condena a una pena de 9 años y medio por presunta corrupción. Para él, se trata de una jugada política para impedirle presentarse en los comicios de 2018.

El ex presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva asiste a una conferencia de prensa tras ser condenado por cargos de corrupción en Sao Paulo, Brasil, 13 de julio de 2017. / Nacho Doce / Reuters

El ex mandatario de Brasil, Luis Inácio Lula Da Silva, rechazó este jueves el fallo de la justicia que le condenó a nueve años y medio de pena por presunta corrupción.

"Ellos solo quieren eliminarme del juego político", expresó el dirigente del PT, quien pretende lanzarse a los comicios presidenciales de 2018. Sus abogados apelarán el fallo que, para ser firme, debe ser aún ratificado en segunda instancia.

"La única persona que tiene el poder de quitarme del juego es el pueblo brasileño", dijo Lula visiblemente emocionado en medio de la dirigencia del PT, que lo vitoreó.

El fallo del juez Sergio Moro implica que el ex mandatario cumplirá la pena fuera de la cárcel porque tiene más de 70 años. Al respecto, Lula dijo hoy: "tengo 72 años pero voy a luchar como si tuviera 30".

Sin evidencias

Para el ex mandatario, más que una persecución en su contra es para impedir el proyecto político que él representa, no obstante, indicó que dará la pelea en los tribunales y en las calles: "Me siento aliviado porque sé el tamaño de la mentira", agregó.

Entre las pruebas que sustentan el fallo contra Lula está un contrato sin firma de un apartamento de lujo, que supuestamente había sido cedido por el grupo empresarial OAS para obtener contratos con el Estado. La defensa del ex mandatario ha rechazado los cargos y denuncia que esos señalamientos carecen de asidero.

"No sé cómo alguien puede escribir 300 páginas para decir absolutamente nada sobre la evidencia que debe mostrar", alegó el ex jefe de Estado, quien lidera las encuestas de preferencia electoral para los comicios presidenciales del año próximo. No obstante, si la condena es firme, podría implicar la inhabilitación política por 19 años.

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