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La Comisión Europea activó el miércoles el procedimiento para sancionar a Italia por su abultada deuda y el descontrol de sus cuentas públicas. El país está llevando a cabo una política fiscal casi suicida: disparar el gasto cuando su deuda pública supera el 132% del PIB. Si además se tienen en cuenta la debilidad de su sistema financiero y la crisis de crecimiento que atraviesa, el resultado es que las políticas presupuestarias de Italia son una bomba de relojería para el euro que puede estallar en cualquier momento.

Bruselas quiere desactivar 'el artefacto' con austeridad, una decisión que puede salvar al país o condenarlo a repetir la experiencia de Grecia. Sin embargo, el Gobierno populista de Giuseppe Conte prefiere elevar el gasto social para reactivar la economía con políticas de demanda. Además, está utilizando el enfrentamiento con Bruselas como una estrategia política consecuencia del auge del euroescepticismo en Italia. El choque de trenes se puede saldar con la primera sanción por procedimiento de déficit excesivo que nunca ha impuesto Bruselas.

España ya recorrió ese camino en 2016, pero se libró de la sanción gracias a las gestiones del entonces ministro de Economía, Luis de Guindos, en Bruselas. La diferencia es que esta vez, lejos de buscar el acercamiento, Roma y Bruselas están cada vez más alejadas. La decisión de la Comisión Europea de poner en marcha el proceso sancionador evidencia su hartazgo con el Gobierno populista italiano. Solo así se explica por qué ha condenado al país mientras que ha perdonado a Francia o Bélgica, que también se están saltando los protocolos de déficit y deuda.

El ‘brazo preventivo’ de la Unión Europea, en el que están los países cuyo déficit es inferior al 3%, pero que tienen una deuda pública superior al 60% del PIB. Cuando están en esta situación, en la que ha entrado España en 2019, las normas comunitarias obligan a rebajar el endeudamiento hasta llegar al objetivo. Y lo tienen que hacer a un ritmo equivalente a una veinteava parte de la distancia entre su deuda pública y el 60%.

Italia no ha cumplido esta norma, por lo que está plenamente justificado el inicio del proceso sancionador. Pero también han incumplido Francia y Bélgica, aunque la Comisión Europea ha optado por realizar una mera advertencia. Otra más que suman a su colección.

Francia es el único país del euro que no ha reducido su endeudamiento ni un solo año desde el estallido de la crisis económica. El país se pasó una década completa elevando su ratio de deuda pública sobre el PIB y en 2018 consiguió que se mantuviera estable. Pero no ha vivido ni un solo año de ajuste de la deuda. Sin embargo, la Comisión Europea nunca se ha atrevido a iniciar un proceso sancionador contra el país. Menos todavía si se tiene en cuenta que el comisario europeo de Asuntos Económicos es Pierre Moscovici, exministro de Economía de Francia.

Para no perder ‘sus costumbres’, Francia volverá a elevar su deuda en 2019. Los estímulos aprobados por el presidente Macron anticipan un aumento del endeudamiento público. Según las previsiones de la Comisión, alcanzará el 99% del PIB este año, y se quedará a un paso de superar la barrera del 100% de deuda.

Tampoco Bélgica, capital del euro, ha sufrido un proceso sancionador. Y eso que es el quinto país del euro con mayor deuda pública, y el segundo si solo se cuentan los países que nunca han recibido un rescate. Bélgica se ha beneficiado tradicionalmente de situarse en el corazón del proyecto comunitario, lo que explica, por ejemplo, que sus desequilibrios fiscales y sus problemas políticos apenas hayan afectado a su prima de riesgo.

Según las normas europeas, Bélgica debería reducir su endeudamiento en algo más de dos puntos del PIB cada año, pero en 2018 lo recortó solo en 1,4 puntos y para 2019 la Comisión estima un recorte de 0,7 puntos.

Pero Francia y Bruselas ya saben que están a salvo de la multa, al menos este año. Italia, por el contrario, tiene un mes por delante de conversaciones con Bruselas y el resto de socios europeos para evitar la sanción, que podría alcanzar el 0,2% de su PIB, unos 3.400 millones de euros.

Uno de los argumentos que puede jugar el país a su favor es el de la crisis. Italia cayó en recesión en el último trimestre de 2018 y las normas europeas son flexibles con los ajustes cuando la economía se está contrayendo. Al margen de los problemas de corto plazo, Italia sufre un grave estancamiento de fondo, que es el verdadero reto del país. Este ‘clavo ardiendo’ es la esperanza de Roma para evitar la sanción.

Sin embargo, los números poco importan ahora, aquí lo que está en juego es la política. El difícil acuerdo entre la ortodoxia europea y el populismo italiano. Es más, ¿estaría Italia en esta situación si no tuviese un Gobierno populista?

¿España aprueba?

España también ha pasado el examen de Bruselas y ha conseguido el visto bueno para abandonar el ‘brazo correctivo’ del Procedimiento de Déficit Excesivo. El déficit público bajó del 3% del PIB por primera vez desde 2007, lo que permite salir del PDE. Sin embargo, el déficit estructural, que es el que garantiza un ajuste real, lleva años estancado y en 2019 podría alcanzar el 2,9% del PIB.

Esto significa que todo el ajuste de España es cíclico y que la verdadera situación del país es todavía vulnerable. Para el Gobierno, estas cifras de déficit estructural no se ajustan a la realidad, ya que la Comisión estará subestimando la situación de equilibrio de España.

Lo que sí está claro es que el ajuste previsto para España es insuficiente para lograr la reducción de deuda que exige la normativa europea. La Comisión estima que la deuda bajará este año hasta el 96,3% del PIB y en 2020 se reducirá al 95,7%. Esto significa un ajuste de 0,8 y 0,6 puntos cada año, muy lejos de los 1,9 puntos de ajuste requeridos. Con estos datos, la pregunta es pertinente: ¿abrirá la Comisión un expediente sancionador a España como el de Italia?

Fuente: El Confidencial

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