Las conversaciones entre el exjuez Sérgio Moro y el fiscal Deltan Dallagnol, reveladas en los últimos días por el medio The Intercept Brasil, terminaron de confirmar la trama oculta para fabricar una causa que permitiera encarcelar al expresidente de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva y evitar que volviera a presentarse a las elecciones de 2018.

Ahora, con las filtraciones se dejan entrever irregularidades en la causa contra el expresidente, que comprometen de manera considerable al actual ministro de Justicia del Gobierno de Jair Bolsonaro. Moro, que se catapultó a la opinión pública como un adalid de la lucha contra la corrupción, habría obrado de manera irregular en el proceso, al punto que la Orden de Abogados de Brasil pidió su renuncia.

Con el apoyo de Bolsonaro, manifestado en discursos oficiales, y según varios analistas en la prensa brasileña, Moro ansía llegar a una de las vacantes en el Supremo Tribunal Federal, la máxima instancia judicial de la nación suramericana.

Y a pesar de que en algún momento afirmó que jamás haría carrera política, tras la llegada al poder de Bolsonaro aceptó casi enseguida el ofrecimiento de formar parte de su Gobierno como un 'superministro' de Justicia.

Ahora, las revelaciones de The Intercept —tomadas de conversaciones de Telegram por una fuente anónima y filtradas al medio— podrían complicar la astronómica carrera del ministro y su carácter apolítico, frecuentemente defendido a lo largo de sus actuaciones judiciales.

La defensa de Lula ha sostenido lo contrario, pues consideran débiles las pruebas en las que se basó Moro para dictar la condena de nueve años y medio de prisión por corrupción y lavado de activos. Esta sentencia fue elevada a 12 años de reclusión y finalmente reducida a 8 años y 10 meses.

Desde el círculo del expresidente han repetido innumerables veces que en otros casos de corrupción —que involucraron a partidos opositores al Gobierno de Lula— no se tomaron las mismas decisiones, aún con pruebas más contundentes.

Las conversaciones entre Moro y los fiscales de la 'Fuerza Operativa Lava Jato' podrían confirmar estas críticas. De hecho, en el inicio de la campaña electoral de 2018, todos los sondeos daban a Lula como potencial ganador en una contienda política, por lo que muchos tildaron de sospechoso que los tiempos del proceso judicial se aceleraran y lo inhabilitaran finalmente a presentarse en los comicios.

A continuación, una lista de cinco puntos que quedaron en evidencia con la investigación de The Intercept:

1 – La operación para que la causa cayera en manos de Sérgio Moro

La mayoría de las actuaciones por la causa conocida como 'Lava Jato', que investigaba presuntos pagos de sobornos a figuras políticas por parte de privados a cambio de contratos o beneficios desde el poder estatal, se llevaban a cabo en Sao Paulo. En Curitiba, la sede encabezada por Sérgio Moro investigaba simplemente algunas ramificaciones de la causa en el Estado de Paraná.

En Sao Paulo tienen sede grandes conglomerados empresariales profundamente implicados en negocios ilícitos. La más notoria es la multinacional Odebrecht, la más conocida de las investigaciones de la 'Lava Jato' por el alcance que cobró más allá de Brasil, en el resto de América Latina.

Pero en Sao Paulo se encuentra también la casa matriz de la constructora OAS, la sociedad que presuntamente —de acuerdo con la sentencia emitida por el juez Moro— habría entregado a Lula un departamento 'triplex' en la localidad costera de Guarujá, también en el mismo Estado del sudeste brasileño.

Por esos motivos, la causa debería haber sido juzgada en ese Estado. Pero había un problema: si Lula era enjuiciado en Sao Paulo, el caso no caería en las manos de Sérgio Moro.

Para lograr su objetivo, la causa debía vincular el triplex forzosamente con las investigaciones llevadas adelante en Curitiba. En los mensajes revelados ahora, el mismo Dallagnol reconoce que no estaba seguro de que esa relación realmente existiera.

2 – El artículo de O Globo utilizado como prueba tenía un error clave

La causa instruida contra Lula utilizó como una de las pruebas clave un artículo publicado en 2010, en el que se afirmaba que Lula y su esposa, Marisa Letícia, habían adquirido un departamento triplex en un edificio en Guarujá.

En su investigación, Intercept Brasil consigna que la declaración de Lula utilizada como prueba da cuenta de un pago de 47.695,38 reales (unos 28.000 dólares al cambio de la época) por un departamento en esa localidad, pero esa declaración jamás incluye la palabra "triplex". La defensa del expresidente siempre aseguró que se trataba de un inmueble "simple".

El artículo sobre el cual se basó la denuncia asegura también que el departamento tendría "vista al mar" pero agregaba que la construcción de una segunda torre "puede acabar con parte de la felicidad de Lula" al tapar la vista al mar. Para O Globo, el inmueble estaría en la torre 'B', ubicada a los fondos y tapada luego por la torre 'A'.

Sin embargo, la denuncia judicial consignaba que el expresidente tenía un triplex en la torre A, que ni siquiera existía cuando se publicó el artículo de prensa.

3 – El fiscal Dallagnol tenía miedo porque las pruebas no eran contundentes

Las conversaciones reveladas recientemente confirman las dudas que el propio fiscal tenía sobre las pruebas que sustentaron la acusación contra Lula.

"Dirán que estamos acusando con base en una noticia de un diario y de indicios frágiles… Entonces es un elemento que sería bueno que esté bien amarrado", decía Dallagnol en un mensaje escrito a los abogados que trabajaban en el caso.

"Hasta ahora tengo miedo de la conexión entre Petrobras y el enriquecimiento, y después de que me hablaron con temor de la historia del departamento… Son puntos en los que tenemos que tener las respuestas ajustadas y en la punta de la lengua", reconoció en los mensajes divulgados por Intercept.

En una comunicación con el propio Moro, Dallagnol reconocía que "la denuncia está basada en mucha prueba indirecta de autoría pero no cabría decir eso en la denuncia y en la comunicación evitamos ese punto".

4 – Sérgio Moro se extralimitó y ayudaba al fiscal en su investigación

Los mensajes revelados también confirman que el juez Moro coordinó la investigación con Dallagnol, sobrepasando las funciones que le corresponden a un magistrado en un sistema acusatorio. En efecto, Moro debería haberse limitado a conducir el proceso judicial, sin intervenir en la recolección de pruebas del fiscal.

"Una fuente me informó que una persona estaría comprometida por haber estado a cargo de labrar las minutas de escritura para transferencia de propiedad de uno de los hijos del expresidente. Aparentemente una persona estaría dispuesta a prestar información. Estoy repasando. La fuente es seria", escribió Moro al fiscal.

"¡Gracias! Haremos contacto", responde Dallagnol, confirmando la coordinación entre ambos.  Más tarde, el fiscal le diría que la fuente no quiso hablar y evaluaría la posibilidad de crear una denuncia anónima para obligar a la fuente a declarar ante la Fiscalía.

Juez y fiscal también intercambiaron posiciones políticas, celebrando el apoyo popular a manifestaciones contra Dilma Rousseff. Moro llegó a manifestar a Dallagnol su deseo de "limpiar el congreso".

5 – Dallagnol debatió con sus colaboradores una forma de impedir entrevista a Lula

Las conversaciones entre Dallagnol y su equipo de abogados a través de un grupo de Telegram también ratificaron que el equipo tenía la intención política de evitar una posible victoria del Partido de los Trabajadores en las elecciones de 2018.

La decisión del Supremo Tribunal Federal de autorizar a Lula a participar de una entrevista con el diario Folha alarmó a Dallagnol y sus abogados, que intercambiaron opiniones sobre la necesidad de evitar la difusión de las opiniones del expresidente porque podía permitir 'el regreso del PT' y favorecer la campaña de su candidato Fernando Haddad.

Los abogados manejaron en el grupo varias alternativas para impedir la entrevista, como hacer que la Policía Federal demorara intencionalmente la solicitud hasta después de las elecciones o habilitar entrevistas a todos los presos para intentar disminuir su impacto.

Finalmente, en el mismo grupo, acabaron celebrando el recurso presentado por el 'Partido Novo' de Brasil, que logró suspender la entrevista.

Expresidente brasileño Lula no pensó que supuesta farsa judicial se sabría tan rápido

RÍO DE JANEIRO (Sputnik) — El expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2011) está sorprendido por la rapidez con la que se han develado los entresijos de la Operación Lava Jato, que en su opinión prueban la farsa judicial de que ha sido víctima, dijo a medios locales uno de sus abogados, José Roberto Batochio.

"Él no pensaba que eso iba a salir a la luz tan rápido porque el esquema aquí está tan bien estructurado, tan organizado, que esa prácticamente inexpugnable", comentó Batochio tras reunirse con el expresidente en la cárcel, publicó el diario local Folha de São Paulo.

Según el abogado, el líder del Partido de los Trabajadores (PT) afirmó que "la verdad enferma, pero no muere nunca".

El defensor también comentó que le extrañó que el juez Sérgio Moro, quien condenó a Lula en primera instancia, dijera que las conversaciones entre juez, defensa y acusación son habituales, porque este se negó a recibirlo una vez que quiso tratar con él sobre cuestiones de seguridad y logística para un interrogatorio de Lula.

"Con los acusadores, el tratamiento era muy diferente; no solo recibía (mensajes), sino que intercambiaba altas opiniones y altas consideraciones sobre cómo acusar", añadió el abogado.

El medio digital The Intercept Brasil divulgó el domingo varias conversaciones entre Moro (actual ministro de Justicia) y el procurador Deltan Dallagnol, responsable de la Operación Lava Jato en Curitiba y principal artífice de las denuncias contra el expresidente.

En las conversaciones privadas a través de Telegram los dos hablan de procesos en marcha en una actitud de colaboración, lo que según el entorno de Lula prueba que Moro no fue un juez imparcial y que el expresidente fue víctima de una persecución para evitar que volviera al poder.

Los abogados del exmandatario todavía no han presentado ningún recurso después de que salieran a la luz esas informaciones, pero según la prensa local la estrategia a partir de ahora pasaría por reforzar una petición ya presentada al comité de derechos humanos de la Organización de las Naciones Unidas.

Análisis: "El lawfare o guerra jurídica es una enfermedad endémica en América Latina"

Lucía Barrios

MONTEVIDEO (Sputnik) — El "lawfare" o la "persecución judicial" con móviles políticos se convirtió una "enfermedad endémica" en América Latina que pone en riesgo a la democracia y lesiona la independencia del Poder Judicial, advirtieron distintos analistas consultados por Sputnik.

"El lawfare es una enfermedad endémica en América Latina (...) Me parece que en los últimos tiempos la persecución al que piensa diferente ya no se hace por medio de los militares, la desaparición y la tortura, como se hacía en los 70 y 80, sino que se utiliza a la Justicia", dijo a Sputnik la abogada y politóloga ecuatoriana, Angélica Porras, profesora en la Universidad Andina Simón Bolívar y en el Instituto de Altos Estudios Nacionales.

El lawfare o la "judicialización de la política" consiste en el "uso indebido" de la Justicia para fines de destrucción de imagen pública e inhabilitación de un adversario político, explicó el Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (CELG) en un artículo publicado en su página web.

Este término ha vuelto a la consideración mediática en los últimos días tras las declaraciones que realizó el papa Francisco, quien criticó el jueves el lawfare en América Latina, afirmando que pone en "serio riesgo" las democracias de los países.

"Para garantizar la calidad institucional de los estados, es fundamental detectar y neutralizar este tipo de prácticas, que resultan de la impropia actividad judicial en combinación con operaciones multimediáticas paralelas", agregó.

Muchos analistas creen que las acciones legales que afrontan los líderes progresistas y expresidentes Cristina Fernández de Kirchner (Argentina, 2007-2015), Dilma Rousseff (Brasil, 2011-2016) Luiz Inácio Lula Da Silva (Brasil, 2003-2011) y Rafael Correa (Ecuador, 2007-2017) son ejemplos "no aislados" de esa nueva táctica de "guerra no convencional".

Características del lawfare

La doctora argentina en ciencias políticas y miembro de la Celag, Silvina Romano, dijo a Sputnik que el objetivo del lawfare es evitar que ciertos partidos políticos y determinados líderes lleguen a presentarse en las elecciones.

Romano, también investigadora del Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe de la Universidad de Buenos Aires, señaló que el peligro del lawfare es que se "dirima por la vía judicial lo que se tiene que resolver por la vía política", es decir, en el área representativa de la democracia.

"El lawfare cercena las libertades democráticas, sobre todo si hay injerencias extranjeras, y vulnera tanto la soberanía como la integridad nacional; es un proceso que puede erosionar la democracia y al mismo estado", reflexionó.

Por su parte, Porras, quien fue miembro del Consejo de la Judicatura en Ecuador, señaló que un tema clave en el lawfare es la independencia judicial con respecto al poder político.

Cómo detectar el lawfare

Para discernir si hay lawfare o no en medio de investigaciones sobre corrupción en un país es necesario observar cómo se designan a los jueces y fiscales, explicó Porras.

"En Ecuador, los procesos de control de la ciudadanía son débiles y el nombramiento de los jueces y fiscales no es transparente (...) Todo esos elementos hacen ver que efectivamente no hay independencia judicial y que en este país se sufre del lawfare", agregó.

Por otra parte, Romano sostuvo que para discernir si existe una verdadera guerra jurídica en un país también hay que observar si hay un "timing político particular".

"En general, cuando hay lawfare, surgen procesos judiciales en momentos previos en las elecciones y se presentan recurrentemente en la prensa hegemónica, que busca instalar una opinión en contra de determinados políticos antes de que incluso pasen por los tribunales", explicó.

La otra característica de esta guerra jurídica es el "doble rasero" o doble discurso para juzgar a funcionarios y los empresarios, apuntó Romano.

"Muchos empresarios ni siquiera están procesados por el solo hecho de haber delatado a algunos funcionarios, y muchos de éstos últimos ni siquiera pudieron reclamar", afirmó.

El lawfare a largo plazo implica reinstalar la vía neoliberal en América Latina, ya que busca "despolitizar" la sociedad e imponer la idea de que todos los políticos son "corruptos" y que el Estado es "ineficiente", agregó.

No solo contra la izquierda

El director ejecutivo de la Asociación Boliviana de Ciencias Políticas, José María Paz, opinó en diálogo con Sputnik que el lawfare se está convirtiendo en una enfermedad en América Latina debido a que surge en respuesta a la "constitutiva tendencia" por parte de los gobernantes de la región a manipular las instituciones.

Asimismo, subrayó que la guerra jurídica no solo es dirigida contra sectores progresistas.

"El término lawfare es bastante manipulado en los últimos tiempos, porque se lo utiliza para hablar de que los gobiernos más conservadores utilizan al Poder Judicial para atacar a los gobiernos de izquierda; sin embargo, creo que es un problema general que tiene América Latina con las instituciones democráticas", señaló.

Para el experto, la tensión entre el sistema judicial y el Ejecutivo deriva de que, muchas veces, los presidentes latinoamericanos se sienten delegados del pueblo y con el poder de "hacer lo que ellos quieren", por lo que tienen una vocación "antiinstitucional".

"Lo que se hace muchas veces desde el poder es eliminar el control institucional, se termina con la idea de que el poder debe tener límites y lo primero con lo que se cargan es con el Poder Judicial (...) Esto es una forma de desmontar a la democracia para que nadie cuestione lo que se hace y se pueda dejar sin acción a los adversarios", agregó.

En el mismo sentido opinó el doctor argentino en derecho, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas y Sociales, profesor de la Universidad de Buenos y director de la revista política Bordes, Mauro Benente.

"Hay una lectura generalizada de que hay una planificación de distintas burocracias judiciales, en alianzas con medios masivos de comunicación y el Gobierno, para perseguir líderes populares; sin embargo, ese tipo de explicación podría tener algún problema por ejemplo en el caso peruano, donde Alan García era un líder liberal", dijo a Sputnik.

Lo "más probable" que esté pasando es que los casos contra Correa, Lula y Kirchner tengan que ver con el deseo que tiene el Poder Judicial de protegerse a sí mismo, reflexionó Benente.

"Me parece que tanto el Gobierno de Lula, el de Cristina Kirchner como el de Correa, fueron procesos con cierta democratización, con cierta incorporación de sectores populares, y en ese marco los poderes judiciales, que en general suelen ser muy elitistas, muy pocos propensos a rendiciones de cuentas, se sintieron amenazados", afirmó.

Asimismo, señaló que el Poder Judicial "tiene un poder de fuego muy potente, ya que no rinde cuentas ni al poder político ni al electorado y no se puede hacer nada cuando comete ciertas arbitrariedades".

En Argentina, Fernández de Kirchner afronta dos juicios por la supuesta existencia de una red de sobornos entre el Estado y las principales empresas concesionarias del país durante su administración.

La exmandataria ha denunciado en varias ocasiones una persecución judicial y la invención de pruebas en su contra.

Por su parte, Lula está en la cárcel desde abril de 2018, cumpliendo una condena de 12 años y un mes por delitos de corrupción.

Los abogados del exmandatario dijeron a Sputnik el 2 de febrero que Lula es víctima de la "guerra jurídica" más injusta del mundo, porque ha sufrido violaciones a sus derechos humanos y existe una asociación entre la prensa, el Gobierno y la Justicia para "crear un ambiente artificial de culpabilidad".

El 10 de junio, la Corregiduría del Consejo Nacional del Ministerio Público de Brasil abrió una investigación preliminar sobre la conducta de los fiscales del caso Lava Jato debido a filtraciones que expusieron una presunta coordinación indebida con el exjuez Sérgio Moro para encarcelar a Lula.

Moro condenó a Lula en primera instancia, decisión que a la larga obstaculizó la carrera electoral del izquierdista hacia la presidencia; meses después, el juez fue nombrado ministro de Justicia en el Gobierno de Jair Bolsonaro.

Mientras tanto, en Ecuador, el exmandatario Rafael Correa, quien permanece prófugo de la Justicia, fue acusado de secuestrar a un líder opositor.

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