Conmoción en Moncloa. El PSOE se enfrenta en las últimas horas a uno de los momentos políticos más comprometidos desde que llegó al poder tras la moción de censura. Un solo adjetivo «integral» –referido a la derogación de la reforma laboral de 2012–, en un acuerdo oculto a tres firmas con Bildu y Unidas Podemos, ha generado un malestar y un revuelo que lo abarca todo.

Enfado en el Partido Socialista; enfado en los ministros que desconocían el contenido del mismo; enfado en La Moncloa que ignoraba el «detalle concreto»; enfado en la patronal que sacó un duro comunicado y se levantó de la Mesa de Diálogo Social; enfado en los sindicatos; enfado en el País Vasco, porque daba protagonismo a Bildu el día después que la organización abertzale no condenara el ataque al domicilio de la secretaria general, Idoia Mendia, y a dos meses de las elecciones; enfado entre los socios que apoyaron la prórroga del estado de alarma: Ciudadanos a los que no gustó ni un pelo este acuerdo de última hora con los herederos de Batasuna y enfado en el PNV. Se logró una unidad inusitada en estos tiempos. Un consenso, eso sí, en contra.

Desde Moncloa se apunta en una única dirección: Adriana Lastra. La portavoz del PSOE en el Congreso es señalada por todos como la responsable de un acuerdo inasumible en fondo y forma. En el fondo porque es imposible derogar en su totalidad la reforma laboral; en la forma, porque se tejió a espaldas de partido y Gobierno y se le otorgó con la rúbrica una oficialidad que no se deseaba. Hasta hace meses, Sánchez renegaba siquiera de negociar nada con Bildu.

Lastra comunicó al presidente su intención de alcanzar un acuerdo con la formación abertzale sobre la reforma laboral. Nada más. Cuando en Ferraz y en Moncloa se leyó el texto no daban crédito. El ambiente se enrareció de inmediato cuando se hizo público.

En las tres horas que fueron desde su anuncio hasta la posterior rectificación, emergió la figura de Nadia Calviño. La vicepresidenta económica se plantó ante el presidente del Gobierno y exigió dar marcha atrás, algunas fuentes apuntan incluso a que amagó con dimitir para lograrlo. Su criterio se impuso.

La ministra de Economía esgrimió que las circunstancias actuales eran críticas y no se podía añadir nuevos elementos de inestabilidad. Sin embargo, ayer por la mañana, la tormenta en lugar de amainar se tornó en huracán.

Con el comunicado socialista enmendando la literalidad del acuerdo aún reciente, Pablo Iglesias, abría un nuevo frente al Gobierno de coalición, desde los micrófonos de Catalunya Ràdio, reafirmándose en lo pactado y en que «lo firmado, obliga». Fuentes de Moncloa lo definen como «una deslealtad increíble». Casi al mismo tiempo, en Onda Cero, el ministro de Transportes, José Luis Ábalos defendía la vigencia de la «nota aclaratoria» difundida por Ferraz y descargaba toda la responsabilidad en Lastra: «Yo no me dedico a tareas parlamentarias». El malestar que había generado «la acción unilateral de Lastra» era manifiesto.

«Nadie entendía nada», dicen fuentes socialistas. Primero, añaden, «porque los votos de Bildu no eran necesarios»; segundo, «porque el PSOE fijó en su programa electoral y en el programa de Gobierno que la reforma sólo afectaría a los aspectos más lesivos», puntos estos que se están tratando con los sindicatos y la CEOE en la Mesa de Diálogo Social. Tercero, abría un melón innecesario «por el malestar que causó en el PNV y en los socialistas vascos». Y cuarto, «cómo se va a afrontar una reforma antes de finalizar el estado de alarma. Para derogarla es necesaria una nueva ley, los plazos son los que son y, además, no se tienen los votos necesarios por lo que hay que abrir una negociación amplia, que no será rápida».

«Cuándo has visto que el PSOE firme un acuerdo con un partido en este estado de alarma», comenta a LA RAZÓN un dirigente socialista. Ciertamente, nunca se ha formalizado de esta forma. Se han anunciado acuerdos con Ciudadanos, con PNV, incluso con ERC, con los grupos canarios, Teruel Existe, Más País, Compromís y Partido Regionalista de Cantabria. Se anunciaba el acuerdo, pero «nunca se expresó en un comunicado firmado», lo que indica que Lastra iba por libre.

La situación empeoraba a medida que avanzaba la mañana y Pedro Sánchez exigió a la portavoz que saliera a dar explicaciones, lo hizo en La Sexta. Las instrucciones eran claras: reconocer el error y anunciar que cualquier reforma se haría en el marco de la Mesa de Diálogo Social. Sin embargo, Lastra siguió el guion a medias y lejos de reconocer el «error», aseguró que los «canales habituales» –esto es, Moncloa– estaban al corriente de su negociación con los abertzales. Desde el Gobierno se asegura que Sánchez conocía que se negociaba, pero no los términos concretos en que se cerró y estampó la firma.

La revuelta de parte del PSOE y sus ministros pone a Sánchez contra las cuerdas: apartar a Lastra o romper con Bildu

La coalición entre el PSOE y Unidas Podemos afronta la mayor crisis política de su corta vida en plena epidemia de coronavirus. La revuelta de una parte del socialismo y de varios ministros del Gobierno contra el acuerdo firmado con EH Bildu ha puesto a Pedro Sánchez entre la espada y la pared.

La presión interna en el PSOE, que ha guardado las formas de cara a la galería, ha ido en aumento a lo largo del día para que el presidente del Gobierno tome alguna decisión, según ha sabido Vozpópuli. Sánchez dio el visto bueno al pacto con Bildu, pero La Moncloa culpa a los responsables del Grupo Parlamentario Socialista, Adriana Lastra y Rafael Simancas, por suscribir un documento cuyo contenido no revisaron con el Gobierno. Los barones, por su parte, exigen la ruptura del pacto con la izquierda abertzale.

El acuerdo con Bildu, jaleado por Unidas Podemos, le ha costado a Sánchez la ruptura del único foro que ha funcionado durante la emergencia sanitaria. La CEOE ha suspendido el diálogo social con el Gobierno y los sindicatos ante lo que considera una traición. La patronal califica de "grave irresponsabilidad" el anuncio de una derogación "íntegra" y fulminante de la reforma laboral. Ni la "aclaración" del Grupo Socialista sobre que no habrá derogación ahora, ni las conversaciones de Sánchez con la CEOE han apaciguado los ánimos de los empresarios.

Calviño estalla

Casi en paralelo, los ministerios económicos han estallado contra el acuerdo PSOE-Podemos-Bildu, que no conocían en su literalidad cuando se hizo público en la noche del miércoles. La vicepresidenta económica Nadia Calviño ha liderado el malestar creciente en el seno del Consejo de Ministros.

Calviño intervino en la rectificación del PSOE ante las llamadas de los empresarios. La número tres del Gobierno recordó en sus gestiones que España perderá el acceso a las ayudas europeas que ella negocia en Bruselas si se toca la legislación laboral. Calviño ha calificado como "absurdo y contraproducente" generar "inseguridad jurídica". Centenares de miles de trabajadores están acogidos a Expedientes Temporales de Regulación de Empleo (ERTEs) por el parón de la actividad económica para hacer frente al virus.

"Los contribuyentes nos pagan por solucionar problemas y no para crearlos, así que una vez que estamos controlando la enfermedad, el Gobierno tiene clara cuál ha de ser nuestra prioridad: recuperar la actividad económica y apoyar a las empresas y trabajadores (...). Las empresas tienen que jugar un papel clave en la recuperación y cuentan con el apoyo del Gobierno", ha afirmado Calviño durante su intervención en un foro organizado por el Cercle de Economía.

El otro frente del incendio que rodea a Sánchez es en el PSOE. El gesto apadrinado por Pablo Iglesias para recuperar terreno por la izquierda tras los acuerdos con Ciudadanos para prorrogar el estado de alarma ha supuesto un coste difícil de asumir por el partido. El acuerdo con Bildu, más allá del guirigay laboral, sigue en pie. Y se critica por innecesario.

"Algo tendrán que hacer porque estamos haciendo el ridículo", dicen fuentes socialistas.

Problemas para Lastra

El presidente de Aragón, Javier Lambán, ha pedido seguir la senda de los acuerdos puntuales con Ciudadanos. Mientras que el entorno del presidente de Castilla La Mancha, Emiliano García-Page, ha reclamado lo mismo, pero con otras palabras: volver al punto anterior al acuerdo con Bildu.

Lastra y Simancas están en el punto de mira por lo ocurrido en la negociación a tres bandas entre PSOE, Unidas Podemos y Bildu. Tal y como ha adelantado este diario, Sánchez ha abroncado a Lastra por firmar el documento sin revisar a fondo su contenido, ni consultarlo con los ministros del Gobierno. Según fuentes conocedoras de la negociación, la portavoz socialista avaló el pacto sin detenerse en su literalidad y se lo hizo llegar a Sánchez. Los ministros conocieron el acuerdo al hacerse público.

Nadie en el PSOE ha hablado de tomar medidas drásticas de momento. Y los más fieles a Sánchez creen que se está siendo injusto en las críticas a la portavoz socialista en el Congreso. "Al final, es la decisión del secretario General", admiten desde una federación socialista.

Análisis: El incendio en el Gobierno de Sánchez y el mal de fondo que revela

Esteban Hernández

El enésimo incendio político, esta vez sobre un asunto de calado como es la reforma laboral, vuelve a ocupar la actualidad española. Tiene su importancia, pero mucho más por lo que revela que por el tema en sí.

El acuerdo no es relevante en lo fáctico. No solo porque ni la ministra de Economía, ni los sindicatos, ni la CEOE ni la ministra de Trabajo, los actores principales en esta reforma, estuvieran al tanto de lo que se iba a suscribir, sino porque no se puede llevar a cabo, y menos aún en estos momentos. Incluso derogar los aspectos lesivos de la reforma, no la reforma entera, requiere de muchos acuerdos con distintos actores, especialmente porque la alianza de gobierno carece de mayoría absoluta. La rectificación posterior era esperable, porque ese acuerdo no iba a llevarse a efecto y todos los firmantes eran conscientes.

Nadie lo entiende

El segundo aspecto es el simbólico, que puede hacer mucho daño a los socialistas, porque nadie entiende el motivo de que se suscribiera el pacto, y tampoco ha sido explicado. Da munición real a los rivales del PSOE, porque los acuerdos que no se cumplen, las medias palabras y las maniobras tácticas son algo de lo que llevan mucho tiempo acusando al presidente, bajo calificativos como tahúr, falso o mentiroso. Pero también daña su imagen pública, al dar la sensación de no saber bien qué hacer: ya hemos visto varios casos en los que se anuncia una medida y se da marcha atrás rápido, como ocurrió con la autorización para que los niños salieran de casa, pero solo a la compra.

Y puesto que no se iba a cumplir y todos lo sabían, solo cabe concluir que la finalidad del acuerdo era realizar un gesto político cargado con alguna intención. Se hace difícil adivinar cuál, porque ha predispuesto al PNV contra los socialistas, aleja a estos de Ciudadanos y tampoco refuerza la conexión con ERC, además de debilitar la forma en que el PSOE es percibido. Otras lecturas indican que se trata de una pugna dentro del Gobierno entre sectores más y menos progresistas, y quizás haya algo de eso. Pero en el fondo da lo mismo. Es parte de un juego en el que todos están inmersos, y ahí no cabe hacer mayores reproches a los socialistas que al resto. La diferencia, en todo caso, estriba en la posición (tienen el Gobierno), pero no en el plano ético. Aquí cada uno está jugando su juego: Bildu y PNV tratan de ganar posiciones de cara a las elecciones vascas, Iglesias intenta señalarse como la parte progresista del Gobierno, Ciudadanos da un giro para recuperar influencia, la oposición dura del PP tiene un solo objetivo, sacar al PSOE de Moncloa, y Vox va un paso más allá y se refugia en la calle. Todos están intentando sacar partido de la situación, todos buscan su interés.

En los territorios, pasa igual

La variable política se mezcla con la territorial, en la que ocurre exactamente lo mismo: todos se atrincheran tras sus fronteras y utilizan la necesidad de apoyo de un Gobierno al que no le dan los números para obtener ventajas, ya sean mercantiles, como en el País Vasco; políticas, como en Madrid, donde Casado pretende construir la alternativa al Gobierno, en Cataluña, con los partidos independentistas catalanes insistiendo en la mesa de diálogo, o funcionales, como en Valencia, Canarias o Cantabria. Todos están metidos en el mismo juego e intentan obtener réditos. Y tampoco podemos olvidar la vertiente económica, que se mueve en parámetros muy similares: el anuncio de Garamendi de que la CEOE rompe el diálogo social es parte de ese juego.

Esta es la primera lección que nos está dejando esta crisis: cuando la situación es más acuciante, no solo se continúa en la dinámica anterior a la pandemia sino que además se intensifica. Justo en el instante en que sería necesaria visión de conjunto, cada actor político está mirando sus propios intereses, intentando sacar partido de la situación para mejorar su posición y minar al rival. Las invocaciones al bien común y las grandes palabras dejan una estela de instrumentalidad: cada uno mira por sí mismo y por sus intereses, y se aprovecha una situación grave para sacar más rédito, tanto en lo que se refiere a los territorios como a las formaciones políticas. Esa afirmación de que las crisis son oportunidades es algo que parecen haber entendido perfectamente, pero en su acepción más negativa.

No es una tendencia española, es el signo de la época: los grandes elementos ideológicos han dejado de serlo para convertirse en el paraguas de meros intereses. Es así incluso en las contiendas a mayor nivel. La lucha entre EEUU y China se puede vestir como parte de una pelea entre la democracia y la dictadura, entre el mundo libre y las sociedades autoritarias, pero no es una división tan clara: mientras no era más que un país emergente, China fue descrita como una fiel aliada occidental, quizá con tentaciones poco democráticas, pero que seguro que irían cambiando con el paso del tiempo. Cuando se convirtió en una potencia que amenazaba a la hegemónica, pasó a ser un régimen dictatorial que controlaba por completo a sus ciudadanos. Lo que importaba de verdad era quién controlaba el poder y los recursos, no el régimen político que imperase en China, que resulta muy secundario, máxime cuando el régimen de Xi Jinping no pretende exportar su modelo de Estado al resto de los países. Esa lucha por el poder y los recursos se reproduce a menor escala, y la Unión Europea es un ejemplo, con las tensiones entre norte, sur y este, y con el regreso a la clave nacional en cuanto la pandemia apareció.

Una sociedad en decadencia

Esta es la segunda lección que nos ha enseñado el covid-19: estamos ante un desacople general en el que las partes se desentienden del conjunto y buscan su propio camino de salida, sin importar demasiado las consecuencias para el resto. A nadie le preocupa el todo, sino las ventajas concretas que obtiene para su parte. Es así en lo político, en lo territorial y en lo internacional. Si queremos ver cómo será el mundo tras la pandemia, aquí tenemos una señal clara.

Pero comprendamos bien qué significa esto, porque es el signo más evidente de una sociedad en decadencia. Cuando todos empiezan a correr a la búsqueda de sus intereses privados, sea para obtener más poder y recursos, sea para encontrar un camino de salida, lo colectivo se rompe y las sociedades y los países se vuelven especialmente vulnerables. Los territorios más frágiles son aquellos cuya cohesión interna es débil, y la de España (y la europea) está en el alambre. Estamos tensando demasiado la cuerda, porque el egoísmo cínico ha sustituido las ideas: es un mundo que olvida la estrategia y se mueve permanentemente en lo táctico. Y no olvidemos un aspecto importante que sobrevuela todo esto: Occidente se está moviendo tácticamente mientras que China lo hace desde la estrategia.

Fuente: El Confidencial, La Razón, Vozpopuli