En contra de lo sospechado hasta ahora, parece ser que el Banco Central Europeo no pidió por escrito a Rodríguez Zapatero en agosto de 2011 que modificase la Constitución española para establecer un freno al endeudamiento del Estado y que dio lugar a un cambio en el texto constitucional que fue aprobado sin el refrendo de los españoles.

Así parece deducirse de una Decisión del Defensor del Pueblo Europeo, Nikiforos Diamandouros, que resuelve la queja presentada por un abogado español ante la negativa del BCE a revelar el contenido de la misiva que envió hace un año al Presidente del Gobierno español.

En el transcurso de la investigación realizada por el Defensor, Fráncfort ha reconocido la existencia de aquella comunicación "estrictamente confidencial del presidente del BCE al Primer Ministro [sic] español". El emisor admite que en ella se expresó "la preocupación del BCE por la situación extremadamente grave y difícil (en ese momento) de la economía española". Y que invitó al Presidente del Gobierno a "aumentar el potencial de crecimiento [de la economía española] y garantizar el saneamiento de las fianzas públicas". Pero nada más.

La carta "no pedía al Gobierno español que modificara la Constitución para introducir un límite máximo de la deuda pública", Tras la lectura de la carta del BCE, el Defensor del Pueblo europeo coincide en que su divulgación hubiera podido perjudicar los intereses de España y de sus ciudadanos porque contenía información "muy sensible" sobre "diversas debilidades graves de la economía española".

Aquella carta, cuyo contenido nunca se publicó, se interpretó como un memorándum con las condiciones del presidente del BCE, Jean-Claude Trichet, para intervenir en el mercado de deuda pública. Una carta similar fue remitida al Gobierno de Silvio Berlusconi (y publicada poco después por la prensa italiana).

Tras recibirse la carta, y de manera casi inmediata, el Gobierno de Zapatero y la oposición del Partido Popular pactaron una reforma de la Constitución que (en el artículo 135) prohibió a todas las administraciones públicas incurrir en un déficit público estructural superior al establecido por la Unión Europea. Roma nunca cumplió con las condiciones planteadas y Berlusconi tuvo que dimitir finalmente y pasar el testigo a Mario Monti. Pero el Gobierno español –y la oposición- se plegaron como “un solo hombre” ante el BCE.

El procedimiento seguido provocó una gravísima crisis en el banco emisor y un mes después dimitió el economista jefe del organismo, el alemán Jürgen Stark. La carta de Trichet, además, quedó como una injerencia en la soberanía de dos países y como una extralimitación en los poderes de una institución sin legitimidad democrática suficiente.

El BCE salió tan escaldado que el nuevo presidente, Mario Draghi, suspendió de facto la compra de bonos poco después de asumir el cargo el 1 de noviembre de 2011. Y aunque la prima de riesgo de España e Italia ha batido este mes cifras récord, el BCE se ha negado a intervenir.

CANAL

 

elespiadigital.com
La información más inteligente

elmundofinanciero

El Tiempo por Meteoblue