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Los integrantes del Grupo de Trabajo de Operaciones Especiales de Australia, que operó en Afganistán entre 2005 y 2016, ejecutaron ilegalmente a 39 personas, concluyó Paul Brereton, el inspector general de las Fuerzas de Defensa australianas, en un reporte especial de 465 páginas presentado este jueves.

La investigación llegó a la conclusión de que las fuerzas especiales del país fueron responsables de 39 homicidios, en su mayoría de prisioneros, y que ninguno de ellos tuvo lugar durante combates, por lo que podrían constituir un crimen de guerra. Además, se descubrió que en varias ocasiones algunos superiores de rango exigieron a soldados jóvenes que dispararan a un prisionero para lograr "su primera muerte", una práctica de iniciación conocida como "sangrado". En total se identificaron 25 perpetradores y cómplices, algunos de los cuales están todavía en servicio.

También se encontraron pruebas de que las tropas australianas llevaban armas, radios y granadas no registradas para colocarlas junto a los cadáveres de civiles para justificar que eran un "objetivo legítimo" de sus operaciones.

El informe, sin embargo, exonera a la jefatura del Ejército de la responsabilidad de los asesinatos. Brereton no encontró "pruebas" de que militares de alto rango tuvieran conocimiento de los homicidios ilegítimos, dado que los soldados ocultaron las ejecuciones para evitar el escrutinio.

Scott Morrison, el primer ministro australiano, llamó este miércoles a Ashraf Ghani, el presidente afgano, para expresar su "más profundo pesar" por el descubrimiento. Por su parte, el jefe de las Fuerzas de Defensa de Australia, el general Angus Campbell, ofreció este jueves una conferencia de prensa para pedir disculpas al pueblo de Afganistán en nombre de las Fuerzas Armadas de su país y enfatizó que los datos del documento dañan "nuestra autoridad moral como fuerza militar".

Campbell describió la conducta de las fuerzas especiales como "posiblemente el episodio más vergonzoso en la historia militar de Australia". Al mismo tiempo, informó sobre la disolución del Segundo Regimiento de Mandos, y señaló haber aceptado las 143 recomendaciones del reporte, entre ellas someter a los sospechosos a un interrogatorio por parte de la oficina del investigador especial a fin de considerar posibles casos penales.

En 2016 Paul Brereton comenzó la investigación sobre la supuesta mala conducta de las tropas de élite australianas desplegadas en Afganistán entre 2005 y 2016. Durante el trabajo revisó 20.000 documentos y 25.000 imágenes y entrevistó a 423 testigos.

Degollamientos de menores, asesinatos de mujeres y torturas de campesinos: lo que destapó el informe de crímenes de tropas australianas en Afganistán

Este jueves, el jefe de la Fuerza de Defensa de Australia (FDA), Angus Campbell, presentó un informe del inspector General de las FDA, Paul Brereton, sobre asesinatos de no combatientes, perpetrados por las Fuerzas Especiales del país en Afganistán entre los años 2005 y 2016.

En total, la investigación verificó 39 casos de ejecuciones delictivas e identificó a 25 militares vinculados a estos actos, calificados por Campbell como "posiblemente el episodio más vergonzoso en la historia militar de Australia". No obstante, la versión difundida al público incluye indicios de que tal práctica podría haber sido empleada más ampliamente.

El informe de Brereton cita dos reportes de la socióloga australiana Samantha Crompvoets, basados en entrevistas que "muchos miembros del Comando de Operaciones Especiales y partes interesadas externas" le concedieron bajo condición de anonimato.

"Psicópatas absolutos. Y los criamos"

Tras examinar los relatos de los soldados, la socióloga indicó que, según sus observaciones, las tropas australianas cometieron en Afganistán "un gran número de asesinatos ilegales".

Un escenario de asesinato de civiles descrito por la investigadora tiene que ver con el allanamiento de aldeas. Según sus informantes, cuando los campesinos corrían del helicóptero en el momento de las incursiones aéreas, los soldados disparaban contra ellos, matando no solo a hombres, sino también a mujeres y niños. Posteriormente las agresiones, calificadas por uno de los interlocutores de Crompvoets como "masacres sancionadas", se justificaban con excusas plausibles. Por ejemplo, se decía que en el momento de ser abatidas las víctimas "estaban corriendo [...] a sus escondites de armas".

Informe de Brereton

Correr se convertía en una sentencia de muerte, incluso para mujeres y niños, y las acciones de la persona muerta se registraron como "maniobras tácticas" hacia una posición de disparo o un presunto escondite de armas

Luego del asalto inicial, la aldea se acordonaba, y los hombres y chicos eran llevados a una casa. "Allí serían atados y torturados por las Fuerzas Especiales, a veces durante días. Cuando las Fuerzas Especiales se iban, los hombres y los niños eran encontrados muertos: con disparos en la cabeza o con los ojos vendados y degollados", señala el informe de la Defensa australiana.

Una parte de las atrocidades contra la población civil podría explicarse por la existencia de una competencia sobre el número de enemigos abatidos y por la manipulación de la lista de individuos designados para ser capturados o liquidados por la Coalición internacional (JPEL, del inglés 'Joint Priority Effects List'). Algunas víctimas podían ser añadidas al índice ya después de la muerte mediante una "retroingeniería" de esta "lista de asesinatos sancionados", indicó Crompvoets.

En otras situaciones, los militares trataban de deshacerse de las evidencias de sus crímenes. El informe cita el asesinato de dos adolescentes afganos:

Miembros del Regimiento de Servicio Aéreo Especial conducían por una carretera y vieron a dos chicos, de 14 años, que decidieron que podrían ser simpatizantes de los talibanes. Se detuvieron, registraron a los chicos y los degollaron. El resto de la tropa tuvo que "limpiar el desorden", lo que implicó embolsar los cuerpos y arrojarlos a un río cercano.

El asesinato de los chicos desarmados, que, según la investigadora, no fue un hecho aislado, sirvió para que sus perpetradores "obtuvieran un nombre" y aumentaran su autoridad entre sus compañeros.

"Los muchachos simplemente tenían esta sed de sangre. Psicópatas. Psicópatas absolutos. Y los criamos", cita el informe de Brereton a un informante. Lo que quiso decir realmente sigue desconocido: casi todo el párrafo que concluye con estas palabras está censurado.

"Comúnmente conocido"

Aunque el informe no cuestiona la credibilidad del reporte de Crompvoets, realizado por encargo de los propios militares, es poco probable que las entrevistas se utilicen para castigar a los delincuentes uniformados.

A diferencia de los investigadores propiamente dichos, la socióloga tenía como objetivo no buscar a los responsables, sino evaluar la magnitud y determinar las formas de crímenes de guerra realizados por las tropas australianas en el país asiático. El informe indica: "La doctora Crompvoets [...] no identifica a ningún perpetrador o unidad involucrada. Más bien, describió la información que recibió como 'una gran cantidad de escenarios vagos y sin nombre' en conversaciones que caracterizó como 'fuera de registro'".

Además, casi todos los informantes negaron haber participado en las atrocidades que describieron, calificándolas de "algo comúnmente conocido" entre los soldados. Solo un interlocutor confesó ser testigo de un crimen.

Cuestión de responsabilidad

En cuanto a los delitos concretos revelados por la investigación, sus perpetradores enfrentarán los cargos correspondientes. Además, será disuelto el segundo escuadrón del Regimiento de Servicio Aéreo Especial, anunció el jefe de la Fuerza de Defensa de Australia, Angus Campbell.

El informe, sin embargo, exonera a la jefatura del Ejército de la responsabilidad de los asesinatos. Brereton no encontró "pruebas" de que militares de alto rango tuvieran conocimiento de los homicidios ilegítimos, dado que los soldados ocultaron las ejecuciones para evitar el escrutinio.

Entre tanto, un veterano de la unidad, Michael von Berg, señaló a The Guardian que la responsabilidad de los crímenes debe ser extendida al mando militar y político del país.

"No hay forma, si eres un buen oficial, de que no sepas lo que está pasando con tu tropa, escuadrón o regimiento", dijo el exmilitar, que combatió en Vietnam.

"Mi opinión personal es que esto debería llegar a la cima, al primer ministro y al Gabinete", resaltó y acusó a los altos oficiales de encargar a las tropas de élite "tareas básicas de infantería", para las que no estaban preparadas.

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