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Francisco Herranz

Donald Trump, de nuevo, en estado puro. El presidente de EEUU ha incluido en la lista de organizaciones terroristas a la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, lo que supone una declaración inaudita contra una parte de un Gobierno extranjero, lo que pone en grave peligro a los diplomáticos y militares estadounidenses desplegados en Oriente Medio.

Una nueva torpeza en política internacional de la Casa Blanca. ¿Cuántas van ya?

La Guardia Revolucionaria fue creada en paralelo a las Fuerzas Armadas iraníes para consolidar el poder del ayatolá RuhollahJomeini tras el triunfo de la Revolución Islámica de 1979. Un año después, esta organización militar se embarcó en la defensa del país y su modelo clerical en una guerra contra Irak que duró ocho años y fortaleció su influencia ideológica, económica y de seguridad dentro de sus fronteras, donde mantiene una gran compañía constructora y otros intereses empresariales. Consagrada por la Constitución, la Guardia Revolucionaria cuenta actualmente con 125.000-150.000 miembros y sólo responde ante el Guía Supremo, AlíJamenei.

La controvertida decisión, que coloca a la Guardia Revolucionaria en la misma categoría que Al Qaeda o el Estado Islámico (prohibidos en Rusia), fue apoyada por el secretario de Estado, Mike Pompeo, y el consejero de Seguridad Nacional, John Bolton, dos halcones con muchos espolones dentro de la actual Administración. Pero a ella se opusieron, según la prensa norteamericana, altos cargos de los servicios secretos y varios pesos pesados militares del Pentágono, incluido el general Joseph Dunford, jefe del Estado Mayor Conjunto, porque, dijeron, eso "permitirá a los líderes iraníes justificar operaciones contra estadounidenses en el extranjero, especialmente contra unidades de Operaciones Especiales y unidades paramilitares trabajando para la CIA". Se puede decir más alto, pero no más claro.

El voto de Pompeo a favor resultó decisivo, pues su departamento controla la lista de organizaciones terroristas extranjeras. Pompeo, quien previamente fue director de la Agencia Central de Inteligencia durante 15 meses nada más arrancar el mandato de Trump, enfatizó que esta designación tiene como objetivo aumentar la presión sobre las autoridades iraníes, aunque su eficacia parece muy dudosa en un ambiente de sanciones eternas.

En cualquier caso, la narrativa se ha endurecido. Y mucho. El relato que venden Trump, Pompeo, Bolton y compañía —el senador republicano por Texas, Ted Cruz, entre ellos— ya no es sólo que Irán es un estado promotor del terrorismo internacional sino que la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán participa activamente en atentados terroristas, los financia y los promociona como una herramienta de política de Estado.

A modo de respuesta, los diputados del Parlamento de Teherán se reunieron vestidos con el uniforme verde oliva de la Guardia, cantando "¡Muerte a EEUU!" y calificando la disposición como estúpida e ignorante. Y el Consejo Superior de Seguridad Nacional de Irán, en plan recíproco, calificó de "terroristas" a todas las fuerzas del Mando Central de EEUU (CentCom), desplegado en Oriente Medio, y de "promotor del terrorismo" a Estados Unidos.

¿Qué consecuencias acarreará esta resolución? Complicará, sin duda alguna, el trabajo de los estadounidenses en el exterior y especialmente en dos países claves de la región: Líbano e Irak. En ambos estados limitará, más si cabe, con quiénes podrán interactuar los funcionarios norteamericanos. La nueva norma les prohibirá tener cualquier contacto con aquellas autoridades extranjeras (libanesas o iraquíes) que se relacionen con la Guardia Revolucionaria Islámica o sus suplentes. Todo esto suena absurdo, casi kafkiano, si se tiene en cuenta el complejo contexto en que se produce. EEUU sigue proporcionando asistencia militar al Ejército libanés, a pesar de que la organización chií proiraní Hizbulá, también incluida en la "lista negra" de 60 organizaciones terroristas extranjeras, forma parte del Parlamento y del Ejecutivo libaneses. En Irak también hay varias milicias chiíes y partidos políticos que tienen lazos con la organización castigada por Washington.

Las implicaciones legales son tremendamente serias. Si el Departamento de Justicia de EEUU decidiera llevar a juicio a todas aquellas personas que violaran el nuevo marco legal recién creado, eso constituiría una amenaza para cientos de ejecutivos latinoamericanos, asiáticos o europeos que tienen negocios con y en Irán. Todos ellos se enfrentarían a prohibiciones de viajar a Estados Unidos o, incluso a algo peor, a severas sanciones penales si prestan "apoyo material" a la Guardia Republicana o desarrollan transacciones comerciales con empresas iraníes controladas por esa organización militar.

Además, Trump pondrá indirectamente en peligro la integridad física de los 5.200 soldados norteamericanos destinados en Irak, los 2.000 efectivos estadounidenses que aún permanecen en Siria, la V Flota que opera en aguas del Golfo Pérsico desde su base en Bahréin y la base aérea Al Udeid en Catar. Sus palabras significan la antesala de un conflicto.

Como apuntó Trita Parsi, fundador del Consejo Nacional Irano-Americano, esta medida de la Casa Blanca cierra otra puerta potencial para solucionar pacíficamente las históricas tensiones con Teherán.

"Una vez que se cierren todas la puertas y la diplomacia se vuelva imposible, la guerra será inevitable", dijo.

Otro grupo crítico estadounidense, el National Security Action, formado principalmente por exaltos cargos de la Administración de Barack Obama, fue mucho más contundente al emitir un comunicado. "Es preciso llamar a la decisión de hoy lo que es: otra táctica peligrosa y contraproducente que amenaza a nuestras tropas y no sirve más que para alcanzar el objetivo de la Administración Trump de destruir el acuerdo con Irán" en materia nuclear, firmado en 2015 y que Teherán está todavía cumpliendo.

¿Por qué han lanzado precisamente ahora este despropósito? En parte, subyace un mensaje de apoyo electoral a un aliado casi incondicional. No es casual que el anuncio coincidiera con las importantísimas elecciones legislativas israelíes, en las que Benjamín Netanyahu se estaba jugando la quinta reelección y algo más (la cárcel). El primer ministro conservador de Israel, que siempre ha insistido en azotar el fantasma de la amenaza iraní, tardó apenas unos minutos en agradecerle a Trump la iniciativa adoptada. A finales de marzo, Netanyahu ya sintió el aliento de su socio pues el líder norteamericano reconoció, unilateralmente, la soberanía de Israel sobre los Altos del Golán, un territorio de Siria que la ONU considera "ocupado" tras la Guerra de los Seis Días ocurrida en 1967.