Luis Rivas

España afronta la segunda ola del COVID-19 con el récord mundial de muertes por número de habitantes, una descoordinación sanitaria que puede llevar al caos, una crisis económica sin precedentes y un explosivo ambiente político e institucional.

No hay un solo medio de comunicación internacional que no se haya hecho eco de la crisis político-sanitaria de España. La llamada "Marca España", argumento de venta de un país debería cerrar por un tiempo para no sentirse sonrojada.

La ola gigante que amenaza de nuevo la salud de los ciudadanos y su situación económica y social no es motivo suficiente para que las fuerzas políticas de distinto signo aúnen esfuerzos —como es el caso en países vecinos— en la lucha contra la pandemia. Muy al contrario, el virus es utilizado como arma política ante la perplejidad de unos ciudadanos que asisten a un espectáculo político dramático en el que más de 50.000 muertos, según el Instituto Nacional de Estadística, (30.000, según el Gobierno) no parecen representar una cifra suficiente para dejar de lado las ambiciones partidistas.

La batalla de Madrid

El Gobierno del socialista Pedro Sánchez amenaza con intervenir la Comunidad autónoma de Madrid, dirigida por el Partido Popular, para frenar la grave situación sanitaria de la capital española, solo tres días después de haber llegado a un acuerdo para coordinar su actuación. El país vive atónito un pulso entre el Gobierno central y otro regional sin que al ciudadano de a pie le convenzan los argumentos de cada parte, o los atiendan solo por afinidad política.

La presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha sido criticada por su acción para hace frente al virus e incluso dentro de su partido no parece contar con un respaldo absoluto a su gestión. Pero reducir la crisis sanitaria madrileña a un pulso ideológico es una vergüenza que puede costar todavía más vidas.

El Gobierno de coalición entre PSOE y Unidas Podemos anunció el pasado 5 de julio que "el virus había sido derrotado". Era la orden de salida para que el presidente de Gobierno pudiera comenzar sus vacaciones como signo de normalidad. Si el Gobierno central asumió al principio de la pandemia el control absoluto de la gestión del virus, optó más tarde por dejar que cada comunidad autónoma se hiciera responsable de su territorio.

Hoy, en España, existen 17 maneras de afrontar el COVID y Sánchez se arroga la posibilidad de intervenir en una de ellas, en un gesto que la oposición conservadora explica por su deseo de desbancar al Gobierno autonómico del PP.

Concesiones e independentismo

Para la oposición, el episodio político-sanitario de Madrid, sirve también al Gobierno para dejar en segundo plano sus negociaciones para obtener el apoyo parlamentario a sus presupuestos generales. España sigue viviendo de los presupuestos del Gobierno de Mariano Rajoy. La aprobación del plan económico le daría a Pedro Sánchez la garantía de acabar la legislatura.

Para obtener tal fin, el presidente de Gobierno ha desmentido al candidato Sánchez preelectoral. Ha puesto en marcha el mecanismo de indulto a los independentistas catalanes condenados por el referéndum ilegal del 1-O, a pesar de asegurar que nunca lo haría. Su gabinete trabaja también en la rebaja de pena por el delito de sedición que antes se comprometió a no ejecutar. Es el precio por el apoyo de los 13 diputados de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) a sus presupuestos.

El plan catalán de Sánchez pasa también por un posible acuerdo para el retorno del fugado líder independentista, Carles Puigdemont, al que la televisión pública ha ofrecido protagonizar un espacio ad hoc. Y dentro de ese mismo plan hay que interpretar la negativa del Gobierno a la asistencia del Rey Felipe VI, a la entrega de diplomas a los nuevos jueces, una ceremonia que siempre ha sido presidida por el jefe del Estado. Después de varios días de silencio, el Ministro de Justicia justificó la decisión gubernamental por la posible coincidencia de fecha con la inhabilitación de Quim Torra como presidente de la Generalitat.

Monarquía V. "Republiqueta"

El hecho de que se hiciera público el deseo manifestado por Felipe VI de asistir a la reunión fue interpretado por Unidas Podemos como un ataque del Rey al Gobierno. Una ocasión más para Pablo Iglesias en su lucha política por la República, algo que nunca ha ocultado, pero que implica también a Pedro Sánchez y al PSOE, y que hizo reaccionar al ex primer ministro socialista, Felipe González, quien declaró al diario argentino Clarín que prefiere la monarquía actual a una "republiqueta plurinacional", en directa alusión al líder de Podemos.

​La ceremonia de Barcelona se convirtió en un homenaje al monarca y sirvió para subrayar también otro de los problemas que afectan al normal funcionamiento del país, la independencia judicial. Que la diputada socialista y exministra de Justicia en el primer Gobierno de Sánchez fuera designada como Fiscal General del Estado fue una decisión que avergonzaría a cualquier dirigente político del entorno europeo del que España dice formar parte. En contra de lo que debería ser, Sánchez ya manifestó que el Fiscal del Estado "depende del Gobierno", para después desdecirse de lo que, de hecho, es la realidad.

El Gobierno mantiene un pulso también con el PP para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Las prerrogativas del CGPJ no son tan extensas como las del Tribunal Supremo norteamericano, pero reflejan también el resultado del reparto ideológico entre jueces "progresistas" y "conservadores". El PP de Pablo Casado insiste en un acuerdo para despolitizar la judicatura, lo que la izquierda interpreta como el deseo de mantener en ese organismo la actual mayoría conservadora. La derecha denuncia, a su vez, el empeño de Sánchez en controlar el poder judicial.

Un panorma económico desolador

La batalla ideológica sirve también para dejar en segundo plano la crisis económica y social que viven los españoles y que nadie duda se agudizará. Esperando el maná europeo para hacer frente al desastre provocado por el confinamiento, España bate también otro récord en Europa, el del desempleo, con una cifra que supera el 16%, solo superado por Grecia.

Las previsiones del Banco de España dibujan un panorama desolador. Según el BdE, en 2021 el Producto Interior Bruto (PIB) podría crecer entre un 7,3 y un 4,1%, una cifra muy inferior a la prevista en verano. El paro podría alcanzar entre el 19,4 y el 22,1%; la deuda, que ya en julio había llegado a su máximo histórico del 110% del PIB al crecer en 89.500 millones de euros, se elevaría hasta el 128% en 2022.

Pasear estos primeros días de otoño por el centro de las principales ciudades españolas es un ejercicio deprimente ante la cantidad de comercios cerrados por la crisis sanitaria. Se podrá argumentar que otros países vecinos viven la misma situación. Pero lo que no es justificable es la polarización política azuzada por intereses que nada tienen que ver con el sufrimiento y los intereses de la población.

España vive la pandemia desarticulada por ambiciones políticas personales, con un gobierno fragilizado y dependiente del chantaje independentista y con una oposición dividida e incapaz de ofrecer soluciones. Una serie de elementos que para muchos ofrecen las condiciones ideales para propiciar una crisis institucional; un empeño muy alejado de las preocupaciones cotidianas de los ciudadanos.

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