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Juan Laborda

El economista Thomas Piketty ha propuesto una cancelación de la deuda pública de los estados miembros de la zona euro que está en la cartera de los bancos centrales. Como contrapartida, los países deberían comprometerse a un plan de inversiones.

Se trata de una propuesta bienintencionada, que lo que pretende es impulsar una recuperación con un aumento del gasto y la inversión pública. Sin embargo, tanto Piketty como quienes han suscrito la propuesta denotan que no comprenden cómo funciona un sistema monetario moderno. Peor aún, han asumido el esquema thatcheriano sobre la austeridad. Falso, por cierto. Dicha operación, al contrario de lo que piensan quienes la han suscrito, no va a dar lugar a nuevos fondos disponibles para inversión pública. Es un mero apunte contable sin consecuencias prácticas en la economía.

¿De dónde procede la deuda del Tesoro español en el Banco de España? Es muy sencillo. El Banco de España posee deuda del Estado español en su balance como consecuencia de los programas de compras de activos que diseñó el BCE hace unos años, con Mario Draghi, y que han sido refrendados bajo la batuta de Christine Lagarde, durante la covid-19. Los bancos centrales que participan en el Eurosistema han estado comprando títulos de deuda pública de sus respectivos estados. Sin embargo, debemos recordar que el Estado español es el propietario del Banco de España, ya que posee el 100% de las acciones, es decir, es dinero que el Estado se debe a sí mismo. La cancelación tendría algunas repercusiones en los balances del Tesoro y del Banco de España. La más importante sería el registro de una pérdida patrimonial en el banco central y una ganancia patrimonial en el Tesoro, compensada por un deterioro en el valor contable de su participación en el Banco de España. Pero nada más.

Bajo soberanía monetaria, que, por cierto, en el euro no tenemos, aunque la actitud seguida por el BCE si fuera permanente nos aproximaría a ello, los estados gastan mediante la dotación de saldo a cuentas bancarias. Cuando un país opera con una moneda soberana, no necesita emitir bonos para financiar su gasto. La emisión de bonos es una operación voluntaria que le da al público la oportunidad de sustituir sus pasivos gubernamentales de un tipo de interés prácticamente nulo -moneda y reservas en el banco central- por otros pasivos gubernamentales generadores de un tipo de interés más alto, letras y bonos del Tesoro, que suponen saldos positivos en cuentas de garantía del mismo banco central. Si se llega a comprender que las emisiones de bonos son una operación voluntaria por parte de un gobierno soberano y que los bonos no son más que cuentas alternativas en el mismo banco central operado por el mismo gobierno, para las cuestiones de solvencia y de tipos de interés es absolutamente irrelevante si existen perceptores para los títulos de deuda pública y si los bonos son poseídos por nacionales o extranjeros.

Cuando acabe la pandemia

La evidencia empírica a favor del marco de la Teoría Monetaria Moderna es abrumadora. Sin embargo, la imaginación política de la ortodoxia y las élites lucha por mantener el actual paradigma por encima de todo. Corremos el riesgo, de nuevo, de que la derecha, en sus diferentes acepciones –conservadores, liberales, y social-liberales- vuelva a persuadir al público de la necesidad de austeridad después de que la crisis disminuya. Las propuestas desde la derecha incluirán la transferencia de los costes de la covid-19 a los pensionistas y a los trabajadores, vía devaluación salarial y retraso de los aumentos del salario mínimo. Estos recortes colocarían gratuitamente la carga financiera sobre los hombros más débiles y nos comprometerían a otro ciclo de austeridad destructiva en el futuro.

La izquierda está contrarrestando estas propuestas, pero sólo dentro del marco ortodoxo. Se admite que es necesario reembolsar el déficit, pero que su coste debe ser asumido por los más ricos, como parte de una reducción general de la desigualdad. Esto sólo busca reorientar la austeridad, en lugar de rechazarla por innecesaria. Al vincular su demanda de mejores servicios públicos con su deseo de hacer frente a la desigualdad, la izquierda corre el riesgo de no lograr ninguna de las dos cosas. Thatcher promovió la idea de que el gobierno no tenía dinero propio para hacer que el gasto público dependiera del consentimiento de los ricos. Si el gobierno depende de los impuestos sobre la renta, entonces debe asegurarse de que los que pagan los impuestos más altos no se asusten por las exigencias que se les imponen. Esto crea entonces una restricción política en el gasto, que la izquierda repetidamente no logra superar. Exactamente pasa lo mismo con la propuesta de Piketty. Es un mero apunte contable sin consecuencias prácticas en la economía.

En realidad la izquierda debe estar preparada y rechazar la nueva jugada que pretenden las élites, es decir, que la covid-19 la acaben pagando los de siempre. Como señala Bill Mitchell en un blog muy reciente, “hay una nueva variante del virus global que se está extendiendo de nuevo después de haber sido sometido a lo largo de 2020. Se trata de una variante muy peligrosa y, si se afianza, garantizará un sufrimiento humano masivo, y un nuevo y sustancial desplazamiento de la renta nacional hacia las élites. Me refiero a la infestación rastrera que está empezando a surgir afirmando que la austeridad será necesaria para pagar todo el "despilfarro" asociado al enfoque gubernamental de la pandemia. He visto este virus en la naturaleza y es espeluznante y está siendo propagado por aquellos que parecen querer ganar atención a medida que pasa el tiempo. Amenazas de sobrecalentamiento, amenazas de austeridad, todas forman parte del establishment económico que intenta seguir siendo relevante. Una vacuna no funcionará. Hay que aislarlos permanentemente.”

Reestructuración de activos

Por el contrario, quienes realmente pueden quebrar con la covid-19, si las cosas continúan como hasta ahora, son las familias y empresas. En su momento comentamos la necesidad de hacer una segunda extensión al marco de Hyman Minsky introduciendo un tercer proceso de fragilidad financiera, a saber, el proceso de reestructuración de activos y pasivos privados. Se trata de un proceso "minskiano" que surge "después o poco antes de que la música se detenga", y especialmente en los paisajes financieros en los que los agentes especulativos y los agentes Ponzi están muy apalancados y fuertemente endeudados. Estos problemas potenciales de insolvencia y bancarrota salen a la superficie de inmediato una vez que se desarrolla una crisis financiera. En entornos financieramente disfuncionales, los procesos de "limpieza" schumpeterianos de destrucción creativa (dirigida por el mercado) no funcionan. El gran banco de Minsky tiene que intervenir, junto con el Tesoro y otros organismos gubernamentales, para limpiar el desorden financiero y guiar la reestructuración del balance (o, más a menudo, el rescate) de empresas y familias.

Por lo tanto, desde mi modesto punto de vista, y como conclusión, lo que sí sería necesario es una reestructuración de activos y pasivos de empresas y familias que desde un punto de vista financiero y jurídico resultaría complejo, y que requeriría de la participación de los bancos centrales y los tesoros públicos, junto con las instituciones financieras privadas, la vigilancia de las auditorías y los cambios en la reglamentación. En resumen, la necesidad de una auténtica intervención minskyana entre el "gran banco" y el "gran gobierno", para vincular adecuadamente los paquetes de préstamos vigentes con el estímulo fiscal necesario para gestionar la reestructuración, y convertir la recuperación en expansión. Pero me temo que, como siempre, predico en el desierto y nos abocaremos a una nueva crisis profunda, la enésima, contra los más desprotegidos.

Fuente: Vozpopuli

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