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El ministro de Defensa, Pedro Morenés, ha vuelto a demostrar su escaso conocimiento de los aspectos humanos y organizativos de la institución militar. Quienes le conocen bien, dicen que de las Fuerzas Armadas sólo le interesan sus suministros industriales, la parafernalia y el adorno de los uniformes de mayor rango, que cuanto más adornados de entorchados y medallas estén, más le ponen.

De hecho, durante su época de Secretario de Estado de Seguridad, ejercida durante algo más de dos años, bajo la dependencia de dos ministros del Interior sucesivos (Jaime Mayor Oreja y Mariano Rajoy), ya se lamentó bastante por no tener a sus órdenes directas algunos generales más de la Guardia Civil, sin que nadie supiera nunca para que los querría.

El caso es que, teniendo tanto apego a los rangos militares de mayor nivel, extraña que también tenga confundida la condición política o militar de dichos empleos. Así lo demostró el pasado 5 de julio, afirmando a la Agencia EFE que haría los cambios en la cúpula de los tres ejércitos tras seis meses en el cargo para “desvincular lo militar y lo político”, algo verdaderamente sin sentido.

Porque ¿cómo va a plantear esa desvinculación en el relevo de los JEMEs…? ¿Es que acaso su nombramiento y cese no se efectúa por Real Decreto acordado en Consejo de Ministros a propuesta del Ministro de Defensa…? Así se establece en el artículo 13.1 de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera militar; aunque quizás el ministro Morenés nos quiera alegrar el cuerpo convocando un concurso-oposición para despolitizar dichos cargos y que, de verdad, accedan a ellos los profesionales mas capacitados…

Puede que Morenés esté mal informado, pero la realidad es que la profesión militar es la más politizada dentro de las Administraciones Públicas, dado que, únicamente en ella, el acceso a los empleos y rangos más elevados (generalato y almirantazgo) se supedita a una estricta decisión política. Al igual que sucede con el ascenso de general de brigada a general de división, a teniente general y a general de Ejército (o sus equivalentes). 

Hablamos de empleos y destinos de libre designación gubernamental, a instancia del propio Ministro de Defensa. Es decir, que el político de turno (y del partido de turno) pasa el dedo por la lista de candidatos disponibles para el ascenso y elige a quien le viene en gana, destinándole igualmente a donde le venga en gana. ¿Puede haber, entonces, mayor vinculación que  esa entre lo militar y lo político?

Cabría que los militares ascendidos y destinados en ese rango de empleo durante los seis meses en los que Morenés ha venido ejerciendo como ministro de Defensa, hubieran estado sometidos a un régimen distinto o especial, sin habernos enterado. Pero, quien lamentablemente parece que no se ha enterado de lo politizada que está la profesión militar y de cómo él mismo designa a generales y almirantes, es el propio ministro.

La politización del caso es de tal magnitud, que, con independencia del consabido enchufismo con el que se asignan los mejores destinos dentro del rango militar superior, no faltan casos de auténtico caciquismo político que jamás se tolerarían en otros ámbitos de la Administración General del Estado. Sin ir más lejos, el PSOE llevó la politización de lo militar a su extremo más paradigmático con el caso de Francisco José García de  la Vega: el mismo día fue ascendido de general de división a teniente general y, de forma simultánea, a general del Aire, siendo nombrado también en ese mismo momento Jefe del Estado Mayor del Aire (JEMA).

Tampoco han dejado de ser proverbiales los ascensos digitales al generalato, incluso sin que existieran las preceptivas vacantes, habiéndose promovido en consecuencia de forma ilegal tanto por gobiernos del PP como del PSOE.

Sin cuestionar en ningún caso las biografías profesionales de los militares afectos, quede pues claro que la desvinculación de lo militar y lo político, que es la banal excusa dada por el ministro Morenés para justificar su tardanza en renovar la cúpula de los tres ejércitos, heredada del antiguo gobierno socialista, es pura farfolla.

Él sabrá porqué ha retrasado esa renovación y porqué justifica esa tardanza de forma tan absurda y ramplona, aunque cabe presumir que ha sido por desinterés y vaguería. Pero lo cierto es que ninguno de los tres jefes de Estado Mayor en cuestión, han prestado la más mínima ayuda para encarar la crisis de la mejor forma posible, también en el ámbito militar, sin aportar propuestas sensatas ni criticar las insensatas, comportándose a la postre como auténticos floreros institucionales. Dado el carácter asténico del ministro Morenés, poco extraña su declaración a EFE afirmando que con ellos “se ha sentido y se siente muy cómodo”.

En cualquier caso, si Morenés quiere entretenerse en la meritoria tarea de “desvincular lo militar y lo político”, ahí tiene el bodrio de la carrera militar, pendiente de una obligada reforma que ha sido prometida por el Gobierno en reiteradas ocasiones, durmiendo el sueño de los justos. Para empezar, podría eliminar el ascenso por elección a coronel o capitán de navío, extraído del procedimiento de clasificación mucho más razonable que afecta a los empleos precedentes.

Esa es una discrecionalidad añadida a la que de forma histórica (natural durante el franquismo pero injustificada en democracia) viene promoviendo el ascenso en todo el ámbito de oficiales generales y almirantes, copando con esta fórmula los cinco empleos más importantes de la carrera militar (de coronel o capitán de navío hasta general de Ejército, almirante General y general del Aire).

Por si el ministro Morenés no lo sabe (visto lo visto es probable que no lo sepa), ello conlleva que esa misma carrera profesional tenga su límite generalizado de ascensos por el sistema de antigüedad primero y de clasificación después, en el empleo de teniente coronel o capitán de fragata, lo que para los oficiales de carrera de los cuerpos específicos de los tres ejércitos representa tan solo tres de los ocho ascensos posibles a partir de recibir su despacho de teniente o alférez de navío.

Este fuerte desequilibrio entre los distintos sistemas de ascenso recogidos en la Ley 39/2007, de la carrera militar, invalida en sí mismo el criterio de “clasificación”, que, aun siendo el más objetivo, queda limitado al ascenso de capitán a comandante y de comandante a teniente coronel, o sus correspondientes en la Armada, dado que el de teniente a capitán, o similar, se sigue realizando por antigüedad.

La extensión del sistema de ascenso por elección hasta el empleo de coronel o capitán de navío, incluso acompañado de las condiciones y evaluaciones previas establecidas de forma reglamentaria, no solo carece de parangón en todo el ámbito del funcionariado. Desborda con mucho el carácter político de los ascensos superiores, reorientando el principio de neutralidad política que debe prevalecer en las Fuerzas Armadas hacia posiciones partidistas con opción de gobernar.

Además, se aproxima de forma peligrosa a las “camarillas” militares y al “amiguismo” prevalentes en los regímenes menos democráticos, dado que quien ostenta la capacidad de elección en esos ascensos (el Jefe de Estado Mayor correspondiente) ha sido, a su vez, designado por el Gobierno para ocupar el cargo y ascender en sus últimos empleos superiores.

Otra evidencia de la politización a la que se encuentra sometida la profesión militar, es la discrecionalidad del Gobierno para imponer el pase a la reserva de los oficiales generales y almirantes. Cierto es que su destino supone la confianza de quien lo asigna y que, cuando esa confianza se quiebra, por el motivo que fuere, es lógico que el destino libremente asignado quede revocado.

Este mecanismo de libre designación y cese, es normal e idéntico al previsto en la vida administrativa civil. Sin embargo, en ésta no se impide que el cesado en su puesto o cargo continúe su vida profesional accediendo a otros destinos, sin mediar causa disciplinaria que justifique lo contrario.

Pues bien, en la equivalencia militar, imponer discrecionalmente el pase a la reserva de un oficial general o un almirante significa poner fin a su vida profesional de forma tajante. Radicalidad en estos momentos más lesiva dado que esos empleos se vienen alcanzando ahora a edades notablemente más tempranas, pudiéndose alargar entonces ese perjuicio profesional y económico un buen número de años.

Pero la discriminación del caso es doble: además de su diferencia con la Administración Civil del Estado, también hay que considerarla en relación con el resto de los militares que, sin ser oficiales generales, son igualmente sujetos de destinos de elección.

Nadie cuestiona que el Ministro de Defensa tenga libertad para proponer el cese de los generales en destinos de su confianza, pero de ahí a pasarles directamente a la situación de reserva existe un largo trecho de dudoso recorrido constitucional. En ese cese debería concluir la potestad ministerial, quedando en consecuencia el cesado en servicio activo, aunque sea pendiente de destino si no se restaura la confianza para asignarle otro nuevo.

Este exceso administrativo, además de ser profesionalmente denigrante, puede llevar al analista perspicaz a concluir que, en definitiva, constituye un instrumento para someter a los altos mandos militares al servilismo político o partidista, más allá de su obligada disciplina. Aunque peor todavía son las dudas políticas que proyecta sobre la incuestionable lealtad democrática de las Fuerzas Armadas.

De momento, dejémoslo aquí por si el desinformado ministro Morenés tiene, como dice, algún interés en desvincular lo militar y lo político; cosa que conociendo la discrecionalidad de la política española, y en particular la de Defensa, suena bastante raro.

*Fernando J. Muniesa es analista y consultor de Defensa y Seguridad

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