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Por José María Manrique*

La noche del sábado 29 de julio de 1939, en la carretera de Extremadura, a la altura de Talavera, fue asesinado el Comandante de la Guardia Civil D. Isaac Gabaldón Irurzun, su hija Pilar y el conductor del coche oficial D. José Luis Díez Madrigal (23 años).

Gabaldón era miembro del Servicio de Información y Policía Militar SIMP del Ejército del Centro (Madrid), y tenía encomendadas tareas de represión de infiltrados y masones. Sus asesinos confesos, detenidos poco después, resultaron ser miembros de las Juventudes Socialistas (JSU, comunistas) recientemente liberados de un campo de concentración militar, que actuaron provistos de uniformes militares nacionales y que no realizaron más acciones que aquel “casual” crimen (Gutiérrez Mellado: Así se entrega una victoria, de Luis F. Villamea; Fuerza Nueva Editorial, Madrid  1996).

El ayudante de Gabaldón, el falangista Jacinto Alcántara, que había tenido contactos anteriores con la masonería, encontró la muerte un día después; casualmente la autora del disparo “accidental” fue su novia. Franco escribió (La Masonería, J. Boor) que el padre de la asesina era masón y que la joven, también masona, confesó su crimen.

El fondo de esta oscura trama era la más que posible infiltración de la masonería entre los mandos del SIMP; la misma aparece en los consejos de guerra que se siguieron, hasta 1950, contra los asesinos y su cómplices (incluidas las famosas “13 Rosas”), y que dieron pié a denuncias concretas contra el Teniente Coronel Bonell, el Comandante Gutiérrez Mellado y el Capitán Jurídico Arias Navarro.

Gabaldón, de paisano, abandonó su domicilio en Talavera la tarde del día 29, para unas gestiones particulares (obras de su casa en Puente del Arzobispo) solapadas con la búsqueda de información sobre “guerrilleros” (¿viaje a Portugal a recoger información sobre la masonería que Oliveira Salazar enviaba reservadamente a Franco?) y viajó a Puente del Arzobispo y Oropesa. Sobre las 22’30 de la noche, en el trayecto desde este último pueblo a Talavera, el coche en el que viajaban fue detenido y todos sus ocupantes muertos. A unos 4 kilómetros de Talavera, tres individuos, con uniformes de Teniente, Alférez y Soldado de Ingenieros, después de haber dejado pasar otros coches, solicitaron al del Comandante que les acercara a Talavera.

Vencidas las reticencias, inexplicablemente, y apenas recorridos 150 m, les hicieron bajar del coche y los mataron. Curiosamente, a esas horas la Policía Militar de Madrid conocía ¿parte? de su misión, pues tres días antes había detenido al Secretario General de las JSU, y jefe máximo entonces, Sinesio Cabada Guisado (a) Pionero (21 años, anteriormente “responsable militar” del aparato), junto con otros comunistas, en parte gracias a un infiltrado en las JSU llamado Roberto Conesa (el luego famoso “Comisario Conesa” de la Brigada Político Social) y otros delatores

Los jóvenes autores, del grupo “Los Audaces”, fueron Francisco Rivades Cosials (secretario del Sector del PC), Damián García Mayoral y Saturnino Santamaría Linacero; durante la guerra los dos primeros fueron oficiales (uno fue “guerrillero”) y al terminar la misma todos habían estado internados, siendo puestos en libertad con sorprendente rapidez; las Juventudes Socialistas Unificadas estaban intentado reorganizarse bajo la dirección de José Peña Brea (a) El Gordo, quien había sido detenido a finales de mayo por una delación y obligado a dar todos los nombres que sabía. Los asesinos fueron detenidos a las 48 horas y fusilados el 5 de agosto, todos menos el Pionero, que fue devuelto del piquete de ejecución a la celda e interrogado por Gutiérrez Mellado, para ser definitivamente fusilado el 15 de septiembre (¡su cadáver fue desenterrado el 21 de noviembre de 1939 por dudas sobre su fusilamiento!).

El 11 de mayo de 1940 se inició el Procedimiento nº 103.370 (continuación del 37.038), “cumpliendo órdenes de S. E. el Jefe del Estado… (ya que) se acusan irregularidades que exigen un esclarecimiento más completo de los hechos (incluso la desaparición de documentos)”. A él se unió, en 1942, el 110.133, en el cual se recogieron testimonios y reconstrucciones de los hechos que permitieron fijar la participación de ¡4! asesinos (incluido Emiliano Martínez Blas, quién ¡estaba detenido en Madrid! y por cuya temporal liberación el juez preguntó a Gutiérrez Mellado), apoyados por ¡una camioneta militar! y varios parientes y vecinos del pueblo, los cuales testimoniaron la visita a la casa de un tal “Sanguino” mientras esperaban a sus víctimas (José Fernández Sanguino era médico y, junto con su hijo Manuel, amigo de Damián, se sospechaba eran masones). Con el paso del tiempo algunos de los implicaron se desdijeron.

Pues bien, en 1940, el General Yagüe, con su prestigio y el ser Ministro del Aire, fue de los que más porfió en que se resolvieran las más que razonables dudas que rodeaban el escandaloso caso. Personalmente llamó a su despacho a colaboradores de Gutiérrez Mellado durante su etapa de quintacolumnista, tal que el Alférez Antonio Rodríguez Huerta, verdadero fundador e impulsor del grupo que acabaría liderando Mellado. Rodríguez Huerta le dijo a Villamea en una entrevista:

“… el General tenía un  gran interés en saber lo que había sucedido para que el Servicio se hubiera  ocupado  de una manera tan directa en la recuperación de joyas; también le interesaba, lo recuerdo perfectamente, conocer el alcance de las actividades del SIPM en acciones auténticamente espectaculares, y, sin embargo, también en grandes fracasos, por ejemplo, con lo sucedido en Canarias con las valijas de García Atadell, que fueron a parar a un Consulado y de lo más importante nunca más se supo”. Huerta también dijo, en relación con de invalidez de los certificados (los del SIPM se habían expedido gran profusión y se había podido comprobar que, al ser presentados como justificantes de conductas para la depuración, en algunos casos, no se ajustaban a la realidad de las actuaciones y que, ante la imposibilidad de revisarlos todos, se cursó la orden de no admitirlos bajo ningún concepto): “expliqué al general lo de mi certificado del SIPM (y) mi sorpresa fue que estaba absolutamente enterado de todo”.

Hay que tener en cuenta que entre los posibles implicados en el turbio y sangriento asunto había militares muy significados (Teniente Coronel Francisco Bonell Huici, Comandante Cristino Torres García, Capitán Pedro Fernández Amigó, Capitán Gutiérrez Mellado, y algunos más, con los que Gabaldón tenía serias diferencias). Incluso Arias Navarro, entonces jurídico adscrito al Servicio de Información y Policía Militar, estuvo ligeramente envuelto en ello.

La ¿casualmente coincidente? defenestración de Yagüe prácticamente cerró el “Caso Gabaldón” para siempre.

* Coronel del Ejército de Tierra (R)

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